Cateos, vehículos de lujo y laboratorios clandestinos exhiben cómo el crimen organizado puede ocultarse detrás de la aparente normalidad.
Durante años, San Andrés Cholula ha proyectado una imagen de crecimiento inmobiliario, exclusividad y tranquilidad. Sin embargo, recientes operativos de seguridad revelan una realidad inquietante: presuntos integrantes del crimen organizado ya no necesitan esconderse en lugares remotos. Ahora pueden mezclarse entre familias, empresarios y residentes de zonas residenciales de alta plusvalía.
La detención de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, encendió nuevamente las alertas. El presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos” fue capturado en Lomas de Angelópolis durante una operación coordinada por autoridades federales. Las investigaciones lo relacionan con homicidio, secuestro, extorsión y distribución de drogas, aunque su responsabilidad deberá ser determinada judicialmente.
La operación derivó en cinco cateos realizados en Puebla y San Andrés Cholula. En uno de los establecimientos intervenidos, ubicado sobre Vía Atlixcáyotl, fueron asegurados 39 vehículos, varios de ellos de alta gama. Las autoridades también reportaron armas y sustancias ilícitas, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de los bienes y las posibles redes financieras relacionadas con el grupo.
No se trata del primer episodio que coloca al municipio bajo escrutinio. Durante 2024, autoridades federales desmantelaron en San Andrés Cholula un inmueble utilizado presuntamente como laboratorio clandestino. En el lugar fueron encontrados vapeadores ilegales, marihuana y cartuchos de recarga; otros reportes señalaron la elaboración de productos y golosinas mezclados con sustancias ilícitas. (N+)
Estos casos no prueban, por sí mismos, que todo San Andrés Cholula se encuentre controlado por organizaciones criminales. Sí demuestran, en cambio, la facilidad con la que una casa, un negocio o un establecimiento aparentemente legítimo puede convertirse en fachada para ocultar operaciones ilegales. El lujo, las bardas y la vigilancia privada dejaron de ser garantía de seguridad.
La presencia de estos grupos también obliga a revisar el desempeño de las autoridades municipales. Luis Flores Fierros ocupa la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y llegó a la dependencia en septiembre de 2023, por lo que no acumula cinco años al frente de la seguridad municipal. Su semblanza oficial destaca cargos dentro de las divisiones Antidrogas, Inteligencia y Fuerzas Federales de la extinta Policía Federal.
Diversas publicaciones periodísticas han cuestionado episodios de su trayectoria y sus relaciones profesionales con antiguos integrantes de la estructura federal encabezada en su momento por Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, no existe información oficial pública suficiente para afirmar que Flores Fierros haya sido cómplice de García Luna, que se encuentre procesado en Estados Unidos o que le haya sido retirada la visa. Presentar esas versiones como hechos comprobados, sin documentos judiciales o migratorios, sería irresponsable.
Eso no cancela la obligación de rendir cuentas. El Ayuntamiento debe informar qué controles de confianza se aplicaron al secretario, cómo se coordinó con las autoridades federales durante los cateos y qué acciones preventivas existen para detectar inmuebles empleados con fines delictivos. También debe aclarar si hay servidores públicos investigados por omisiones, filtraciones o posibles actos de protección.
El reciente Operativo Enjambre ha demostrado que las redes criminales pueden construir mecanismos de protección dentro de gobiernos municipales. Pero trasladar automáticamente esa conclusión a San Andrés Cholula requeriría una investigación específica y pruebas verificables. La exigencia ciudadana debe ser precisamente esa: una indagatoria independiente, profunda y sin protección política para nadie.
El reclamo “no más narcos viviendo entre nosotros” expresa un miedo legítimo. La respuesta, sin embargo, no puede descansar en rumores ni acusaciones sin sustento. Debe traducirse en transparencia, vigilancia institucional, investigaciones financieras y resultados públicos. Porque la verdadera crisis silenciosa no solamente consiste en que los criminales se oculten detrás de fachadas respetables, sino en que la ciudadanía desconozca quién los dejó instalarse y durante cuánto tiempo pudieron operar sin ser detectados.
